BUENOS AIRES.- Tras los hechos luctuosos del 20 de diciembre de 2001 motivados por la crítica situación económica, que además dejaron profundas heridas sin cicatrizar, el principal objetivo de la administración kirchnerista fue hacer volver a la gente a sus casas, tras la protesta social más sombría de los últimos tiempos.

Finalmente, no lo consiguió, ni siquiera con el mayor ingreso de dólares de la historia. Al contrario, la gente en la calle siguió al socaire de que la administración Kirchner no iba a criminalizar la protesta.

Ahora, el desborde hacia la manifestación callejera es casi total, de autoconvocados y de variadas manifestaciones sindicales, sin importar las causas, que son de lo más diversas.

Hoy, la gente se nuclea alrededor de una bandera que cobija a la mayoría de los argentinos: la lucha contra la inflación y sus derivados pobreza, criminalidad y caída del nivel de actividad.

Son los efectos de la inflación los que producen este tipo de reacción popular debido a la excesiva carga fiscal sobre los salarios y los bienes y servicios de consumo masivo.

Pero, además, la suba de los precios está produciendo otro tipo de efecto social: el desplazamiento de una gran cantidad de personas que vuelven a ingresar en el abismo de la pobreza, más allá de toda discusión estadística.

Los precios del mercado superan ampliamente los registros estadísticos y los magros salarios no alcanzan para neutralizar la pérdida de su poder de compra.

El efecto ilusionista de mayor cantidad de dinero en el mercado no hace más que potenciar la suba de precios.

La expansión de los agregados monetarios a 35 por ciento responde sólo al aumento del gasto público que lo hace a un ritmo de 40 por ciento.

De allí que, ahora, sin tapujos y como para agregarle más presión a la economía inflacionaria, los gobiernos -nacional, provinciales y municipales- se despachan con un incremento de la presión impositiva y tarifaria, alcanzando los niveles históricos más altos del continente.

Suba de tarifas
Y peor. Las autoridades se vieron obligadas a incrementar las tarifas de los servicios públicos para mantener la prestación en niveles ínfimos. Luz, gas, transporte y en las próximas semanas combustibles, representan el corolario del ajuste por inflación.

El despilfarro nunca termina bien. El reciente DNU 2436 de incremento del gasto es una prueba determinante de ello. El Gobierno insiste en gastar sin dar prioridades a vastos sectores de la población.

El monumental giro de 120 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas es la prueba más acabada de como se gasta con total liberalidad. Este año, la compañía cerrará el ejercicio con un déficit superior a los 800 millones de dólares que, sumados a los ejercicios anteriores, arrojan un rojo superior a los 3.000 millones de dólares.

¿Cuál es el sentido de subsidiar el escaso turismo receptivo o a los pocos argentinos que pueden viajar al exterior? ¿Cuál es la prioridad del gasto para la administración Kirchner? Con ese dinero, invertido en infraestructura edilicia, en salud o en educación se hubiera mejorado el acceso a esos servicios para los sectores de menores ingresos. ¿Esto es progresismo?

Otro tanto ocurre con la asignación de 105 millones de pesos para el Fútbol para Todos, el automovilismo o el boxeo.

El DNU representó una expansión del gasto de unos 10.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones no tienen financiamiento genuino. Esto se llama emisión monetaria pura.

Las consecuencias, entonces, serán una mayor tasa de inflación, que acelerará los tiempos de las paritarias con demandas que superarán 30 por ciento por el rezago salarial y le seguirá dando razones a la gente para seguir en la calle.